LECTURAS historia y memoria Por Frank Moya Pons
Uno de los cambios más visibles que está experimentando la sociedad
dominicana se observa en la creciente presencia de inmigrantes haitianos en
territorio dominicano. En 1983, por ejemplo, había apenas 27,000 haitianos
viviendo legalmente en el país.
Todavía en 1998, en víspera del paso del ciclón Georges, la población
haitiana en territorio dominicana no pasaba de 100,000 personas.
En aquel año en la orilla occidental de la carretera internacional, que
sirve de línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana, había apenas
tres docenas de viviendas de campesinos haitianos muy pobres que aprovechaban
las aguas de los ríos Libón y Artibonito, y los bosques dominicanos
circundantes para abastecerse de agua y leña.
La carretera internacional, que es la parte más visible de la frontera
dominico-haitiana en el centro de la isla, es el escenario de un denso
asentamiento campesino haitiano que sirve de trampolín a miles de emigrantes
que desean huir de la pobreza en su país.
En el año 2004, dos investigadores británicos estimaron la población
haitiana inmigrante en unas 380,000 personas. Hoy, año 2011, muchos
observadores estiman que la población haitiana en la República Dominicana
sobrepasa el millón de personas.
La carretera internacional no es el único asentamiento fronterizo
importante en la zona fronteriza. Otros, como Ouanaminthe, Tirolí, Hincha,
Mirabalais, Malpasse, Anse-a-Pitre, sirven de puntos de envío de emigrantes
hacia territorio dominicano.
Una parte importante de estos campesinos permanecen en las provincias
fronterizas trabajando como peones de terratenientes dominicanos, pero la
mayoría buscan vías para penetrar más profundamente hacia el este de la isla y
terminan estableciéndose en las ciudades más importantes en donde encuentran empleo
como obreros de la construcción, vendedores ambulantes y como empleados
domésticos y guardianes de viviendas.
Muchos otros se han establecido en zonas agrícolas, ganaderas y
cafetaleras en donde trabajan como peones. Otros ya se han establecido en los
centros turísticos y allí desempeñan múltiples ocupaciones.
La mayoría de los haitianos residentes en el país han ingresado
ilegalmente y así permanecen pues las autoridades dominicanas han sido
incapaces de controlar la frontera cuando se lo han propuesto, o han decidido
dejar de luchar para controlar el flujo de inmigrantes ilegales.
Existe en la zona fronteriza toda una red de traficantes que involucra
a las autoridades civiles y militares y a los líderes políticos locales, y que
se lucra del tráfico de inmigrantes ilegales. Muchos clérigos católicos de la
zona, por motivos humanitarios y de otra índole, contribuyen también a
incentivar la inmigración brindando protección a los haitianos que cruzan la
frontera.
Los mismos campesinos dominicanos de la zona fronteriza facilitan la
inmigración de campesinos haitianos para de esa manera obtener mano de obra
barata que les ayude a quemar bosques, limpiar terrenos y cultivar conucos.
Zonas como Río Limpio, Los Bolos, Los Pinos, Tierra Nueva, Polo y
Maniel Viejo, Loma de Cabrera, y las serranías de Bahoruco en Pedernales, son
hoy el escenario de un proceso continuo de deforestación que está convirtiendo
aquellos territorios en zonas desoladas expuestas a la desertificación, como ha
ocurrido ya en el suelo haitiano.
La inmigración ilegal haitiana se ha acelerado desde 1998 hasta la
fecha. En su primera administración, que estuvo marcada por su deuda política
con los grupos ultranacionalistas, el Presidente Leonel Fernández inició la
deportación de los inmigrantes ilegales, pero tuvo que detenerse ante las
protestas de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e
internacionales, y de algunos miembros radicales del clero católico que operan
en las provincias fronterizas.
A éstos se unieron grupos radicales de izquierda que han logrado
articular una amplia coalición de apoyo a organizaciones haitianas que operan
en las ciudades principales, principalmente Santo Domingo.
Pronto se hizo público que el Estado dominicano no deportaría a los
haitianos ilegales y el flujo recomenzó con mayor fuerza.
A partir del año 2000, el gobierno de Hipólito Mejía puso en marcha un
programa de inversiones masivas en las provincias de la frontera (apertura de
caminos, construcción de clínicas rurales, acueductos y escuela, instalación de
redes eléctricas) que sirvieron para atraer aún más a los empobrecidos
campesinos del vecino país.
Los controles de inmigración también siguieron relajándose pues las
autoridades querían evitar ser acusadas de violar los derechos humanos de los
haitianos. Las redes de tráfico de inmigrantes continuaron desarrollándose. El
gobierno de Mejía abrió las escuelas y los hospitales a todos los haitianos que
requirieran esos servicios y decidió otorgarles un documento de identidad que
los inmigrantes consideran como prueba de legalización de su status.
El nuevo gobierno de Leonel Fernández (2004-2010) ha mantenido esa
política de tolerancia y el resultado ha sido la ocurrencia de la mayor ola de
inmigración haitiana en toda la historia de la isla pues en el curso de los
últimos diez años se han establecido cerca de un millón de haitianos en la
República Dominicana.
A medida que la situación económica y social haitiana se ha ido
deteriorando, la presión emigratoria ha ido subiendo y, además de los
campesinos ya mencionados, también han emigrado a la República Dominicana
numerosas familias haitianas de clase media y alta para a aprovechar los
servicios sociales, educacionales y sanitarios que no encuentran en su país.
Algo similar a lo que han hecho miles de familias dominicanas que han emigrado
a los Estados Unidos.
En numerosas ocasiones, los responsables de los organismos de salud
pública han advertido que en muchos hospitales la mayoría de las parturientas
hoy son haitianas. Las escuelas y universidades tienen, asimismo, una población
creciente de estudiantes haitianos que conviven pacífica y naturalmente con sus
contrapartes dominicanos.
En lugares de agricultura intensiva, como Constanza, hay períodos en
que más de la mitad de la mano de obra en los campos está compuesta por jóvenes
haitianos, al igual que ocurre en las plantaciones de café de Barahona, en los
campos de yuca y tabaco del Cibao, en las zonas arroceras del Bajo Yuna, y
hasta en haciendas ganaderas del Este que nunca antes utilizaron mano de obra
haitiana.
Aun cuando continuamente se alzan voces para protestar de la presencia
haitiana en la República Dominicana, y a pesar de que en varias ocasiones han
ocurrido actos de violencia étnica en algunas aldeas y pueblos del interior,
hasta el momento la economía dominicana ha estado asimilando la mano de obra
haitiana y la está empleando en los niveles más bajos de la escala laboral
como, por ejemplo, servicios de limpieza, peonaje, guardias nocturnos, servicio
doméstico, tricicleros y fruteros.
Muchos empresarios dicen que la sociedad dominicana ya no puede
prescindir de la mano de obra haitiana y argumentan, al igual que pasa en otros
países, que sin los inmigrantes no sería posible mantener funcionando sus
negocios en la agricultura, la construcción o el turismo, por ejemplo. En pocas
palabras, no habría como sostener con rentabilidad ciertos sectores de la
economía.
Algunos economistas, sin embargo, dicen que esto perjudica a la clase
trabajadora dominicana porque contribuye a deprimir los salarios. Otros dicen
que en el mediano plazo la República Dominicana se encamina a ser derrotada en
su lucha contra la pobreza pues el país está importando cada vez más pobres en
tanto que la base productiva y los servicios sociales no crecen a la misma
velocidad que la población inmigrante.
Otros, más radicales acusan a las autoridades de permitir la
"haitianización creciente del país" y utilizan argumentos
nacionalistas tradicionales que datan de las guerras dominico-haitianas del
siglo XIX.
En medio del creciente debate sobre este nuevo fenómeno histórico, los
dominicanos fueron sorprendidos, por el reciente terremoto que destruyó gran
parte de Puerto Príncipe, Léogane y Jacmel, en Haití, el 12 de enero de 2010.
Esta catástrofe abrió un nuevo capítulo en las relaciones
dominico-haitianas pues el pueblo dominicano y su gobierno, espontánea e
independientemente uno del otro, se lanzaron hacia el vecino país aportando
ayuda masiva y auxiliando a los heridos y refugiados.
El terremoto estimuló aún más la inmigración y el proceso continúa
ahora más intenso que antes. Cuáles serán las consecuencias de este proceso es
algo que todavía está por verse. En artículos futuros meditaremos sobre esas
consecuencias.
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