domingo, octubre 23

¿Quiénes transaron la inmigración masiva haitiana

El GARR, un grupo de presión favorable a la inmigración haitiana, promueve una acusación judicial contra Baby Doc, bajo el supuesto de la venta de miles de sus conciudadanos para el corte de caña de azúcar en República Dominicana.

Esa imputación abre una caja de pandora sobre los diversos actores del juego fronterizo. Da oportunidad para la evocación de aquel informe (1983) de la organización Mundial del Trabajo (OIT), relacionado con la compra-venta de braceros haitianos. Es un documento más impactante que los de Wikileaks sobre la diplomacia estadounidense, porque se fundamenta en datos y estudios bien detallados sobre ese asunto binacional.  Son 208 páginas sin desperdicio.

La inmigración haitiana masiva, formal e informal (ambafil), es una corresponsabilidad directa de ambos Estados.  Los demás, son  jugadores o actores que toman decisiones, apuestan, usufructúan, se jactan de sentimentalismo nacionalista o de humanitarismo,  en ese contexto difuso.

Para la zafra de 1986 el Estado haitiano transó con el  Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 19,000 personas a razón de US$132 cada una,  para un total de US$2.5 millones.  En ese momento sucedió la revuelta popular contra Baby Doc, durante la cual el general Henri Nanphy le reemplazó en la presidencia de Haití y aquel se alzó con el santo y la limosna.

Pero ese fue uno de los tantos contratos binacionales que sucedieron durante el periodo 1952-86, a partir del momento en que Trujillo inauguró su ingenio Río Haina. El primero de esos acuerdos, de 5 años cada uno, aparece en la gaceta oficial 7391, del 23 de febrero de 1952. Fue firmado entre el presidente de Haití, General Paul Magloire (1950-56) y Rafael L. Trujillo, quien urgía de cortadores de caña para sus emergentes negocios de la producción de azúcar. Luego el dictador François Duvalier (Papa Doc, 1957-71), ratificó dos veces ese convenio interestatal.

Los activos de prevaricación trujillista, entre los cuales se cuentan 12 ingenios azucareros,  fueron nacionalizados en 1962. Luego, en 1966 se consolidó el consorcio estatal llamado CEA. Por ese motivo, los contratos subsiguientes se transformaron en acuerdos tripartitos entre el CEA, el Estado haitiano y cada persona inmigrante. Sin embargo, el sujeto de la transacción, el inmigrante, nunca firmaba ni se le entregaba copia de algún documento relacionado con su respectivo contrato.

 En el tiempo muerto de 1980, la oficina Nacional de Planificación (ONAP) estimó la población de los bateyes en 110 mil personas, de las cuales el 77% fueron ciudadanos haitianos y sus descendientes. De esa población, 34 mil eran trabajadores nominales. Entre ellos, 19 mil correspondieron al CEA y 15 mil a Romana/Vicini/colonos.

Luego, la ONAP cuantificó los trabajadores agrícolas del CEA en el tiempo de zafra o producción fabril y reportó 40 mil de ellos, 32 mil de los cuales fueron haitianos. Lo más sorprendente: 19 mil fueron inmigrantes recientes y sólo 13 mil provenían de los establecidos en los bateyes en condición de "transito".

Durante el periodo 1968-1978 se reclutaron  bajo contratos formales entre el CEA y el gobierno haitiano un promedio anual de 14 mil trabajadores temporeros. Además, la ONAP estimó que durante ese mismo periodo ingresaron ilegalmente igual promedio anual.  Se infiere que la inmigración haitiana en ese lapso se estima en 280 mil personas.

En forma simple: Trujillo, los gobiernos subsiguientes a 1961, Romana, los Vicini y los colonos fueron usufructuarios de la inmigración masiva de haitianos hacia República Dominicana, porque eran imprescindibles para las labores agrícolas de la industria azucarera.

Pero al mismo tiempo, el Estado dominicano no tomó precauciones jurídicas ni operativas efectivas para el control migratorio. Al contrario, agentes paragubernamentales gestionaban la informalidad migratoria. Durante el gobierno de Juan Bosch se pretendió la nacionalización del corte de la caña, pero aquello fue un rotundo fracaso. Salvo el gobierno de Antonio Guzmán, el Estado nunca se ocupó de una evaluación objetiva de los haitianos residentes informales o "en tránsito" ni de sus descendientes. Los supuestos operativos de repatriación de inmigrantes haitianos tornaron en otro gran negocio fronterizo, en el cual participan sectores de ambos países y nunca sucedieron en los bateyes ni recintos agrícolas del CEA, Romana o Vicini.

En el plano jurídico, estuvo vigente la ley 95 de migración,  desde 1939 hasta el 2004. Hasta el año 2010 en la Constitución rigió el jus solis simple, sin restricción al derecho a la nacionalidad de los hijos de esos haitianos nacidos en República Dominicana.

En consonancia con esa contraproducente norma constitucional, el artículo 10 de la referida ley tiene un párrafo, el cual ratifica el jus solis y dice: "Las personas nacidas en la República Dominicana son consideradas nacionales de la República Dominicana, sean o no nacionales de otros países. Consecuentemente, deberán usar documentos requeridos a los nacionales de República Dominicana".

El numeral 2 del art. 18 de la Constitución vigente es quien pone límites al jus solis y restringe el derecho a la nacionalidad a los hijos "de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano".  Pero esa norma sólo aplica a los nacidos después del 26 de enero del año 2010.

En el año 2005, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió una sentencia sobre la constitucionalidad de la nueva ley 285-04. Trató de rectificar el entuerto de las decenas de miles de personas descendientes de haitianos, pero lo hizo en forma torpe, porque no toma en cuenta en sus consideraciones esa ley 95, las atenuantes del convenio bilateral de 1952 ni mucho menos el derecho internacional, concretizado en la Carta de San José, la que incorpora la jurisdicción superior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por encima de la SCJ y del eventual Tribunal Constitucional, inclusive.

El reporte de OIT de 1983 ya advertía sobre la diversificación de la fuerza laboral haitiana. Se menciona principalmente la industria de la construcción. Atribuía el fenómeno a los bajos salarios y condiciones infrahumanas de los bateyes.

Actualmente los haitianos y sus descendientes laboran en diversos sectores de la economía, tales como quehaceres domésticos, turismo, comercio,  mendicidad callejera, vigilancia privada, entre otros.

Entonces, ahora existe una realidad "amarga", una "azúcar amarga": hay decenas de personas descendientes de haitianos que adquirieron derecho a la nacionalidad  dominicana,  fundamentados en nuestra propia Constitución, en nuestra propia ley 95. Es un asunto que nada tiene que ver con "amenaza haitiana", "seguridad nacional", con los inmigrantes originarios “en tránsito” ni con las repatriaciones de inmigrantes ilegales ni la soberanía nacional.

Es uno de los principales retos del Tribunal Constitucional. Ya en octubre del año 2010 hubo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual trató sobre la Constitución dominicana y derecho a la nacionalidad.  El presidente de ese organismo, el chileno Felipe González, le advirtió a al senador Prim Pujals, el delegado del Estado dominicano en esa audiencia sobre las inconsecuencias de las normas internas respecto a ese asunto de los descendientes de haitianos y la jurisdicción prevaleciente de la Corte Interamericana.

Paradojas: esa realidad social de la inmigración masiva y descontrolada de haitianos  fue engendrada por el mismo que en 1937 auspició la masacre contra esos ciudadanos, la que cambió el nombre al río Sanante.

Anselmo Paulino, quien fue el ejecutivo principal de la formación del consorcio azucarero de Trujillo, fue, a su vez, quien blanqueó el “corte del 37” y emprendió el soborno directo de funcionarios públicos haitianos. Financió la carrera política de Leslie Lescot y por demás se casó con Andree, una haitiana devota del vudú.

En 1951 se formó la Comisión para defensa del azúcar y fomento de la caña, un engendro institucional que facilitaba el proceso de apropiación personal trujillista de la industria azucarera y un precedente del pacto bilateral inmigratorio. Dicha Comisión la presidía Jesús María Troncoso Sánchez, el tío de Carlos Morales Troncoso, el actual canciller de la república.

Fueron miembros de esa Comisión: Manuel Arturo Peña Batlle,  uno de nuestros más ilustres intelectuales sobre asuntos domínico-haitianos, autor de  “La isla de la Tortuga”; Ramón Marrero Aristy, autor de la novela “Over”, la más emblemática ficción literaria de la vida del pica caña haitiano.

En fin, esta es una isla rodeada de dualidades por todas partes.

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